Brindar cobertura y protección para que el trabajador pueda vivir en condiciones de bienestar y dignidad durante su vejez, ha sido reconocido como un “derecho a la seguridad social” en la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde 1948.
La protección de las personas en su edad inactiva debería ser un mandato en las sociedades. Éste, sin embargo, ha sido vulnerado en nuestro país por los gobiernos que, amparados en una reglamentación legal, han liberado a los empresarios y al Estado de sus deberes con los sectores laborales.
Si bien el origen de la seguridad social se basaba, fundamentalmente, en el principio de solidaridad, con el tiempo éste fue corroído por sistemas que buscan, en general, garantizar los mayores beneficios para los capitales privados, antes que velar por los intereses de los trabajadores, que tienen el derecho de contar con una renta de vejez digna.
La reforma del sistema de pensiones es una necesidad que debe considerar primordialmente el compromiso con el trabajador, que es quien sostiene la reproducción de la economía boliviana.