Preso de sus propias contradicciones, el gobierno boliviano del presidente Evo Morales intenta avanzar en el diseño de una política pública nacional sobre cambio climático, que le permita no abandonar su profusa retórica internacional de defensa de la Pachamama y de la vida en armonía con la naturaleza y, simultáneamente, acceder a los recursos financieros que la comunidad internacional (en especial los países industrializados) pone en pie en torno a la mitigación del cambio climático y, en especial, para frenar la degradación forestal y la deforestación mediante la compensación por el secuestro de carbono.

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