A raíz de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), Evo Morales ha declarado que en Bolivia se inicia una etapa denominada de “socialismo comunitario”. Sin embargo, y más allá de la discusión sobre su significado, lo evidente es que el MAS plantea un “modelo de economía” o “modelo de desarrollo” que denomina “economía plural”, en el entendido de que entre las distintas formas o modos de producción (economía privada, estatal, comunitaria y social cooperativa), sería posible implementar los principios de “complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sostenibilidad, equilibrio, justicia y transparencia”.

Una forma de articular estas diferentes formas o modos de producción sería la conformación de “empresas mixtas” donde se combinen los intereses públicos y privados. En este sentido, la economía social y comunitaria complementaría “el interés individual con el vivir bien colectivo” y el Estado tendría la obligación de garantizar “el desarrollo mediante la distribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales de salud, educación, cultura y la reinversión en desarrollo productivo” (Véase Artículo 306 de la CPE).

Si bien este “modelo” plantea el “reconocimiento, respeto y protección” de todas estas formas de producción, otorga una atención especial a dos de ellas. Por un lado, privilegia a la economía comunitaria a la que el Estado, además de protegerla, promoverá, en consideración a que se constituiría en la “alternativa solidaria” y a que “comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originarios”.

Por otro lado, asigna a la economía estatal, que comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, los siguientes objetivos: i) ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de los recursos naturales; ii) administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado de manera directa o por medio de empresas mixtas, empresas públicas comunitarias y cooperativas; y, iii) producir directamente bienes y servicios (Véase artículos 307/308/309 de la CPE).

La Constitución Política del Estado establece, además, que todas las formas de organización económica tienen la obligación de: i) contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país; ii) generar trabajo digno y contribuir a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la pobreza; iii) proteger el medio ambiente. Consecuentemente, para alcanzar la eliminación de la pobreza y la exclusión social y económica y para “el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones”, la “organización económica boliviana” establece los siguientes propósitos: i) generación del producto social respetando los derechos individuales y de los pueblos y naciones; ii) producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos; iii) reducción de las desigualdades de acceso a recursos productivos; iv) reducción de las desigualdades regionales; v) desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales; vi) participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo (Véase artículos 312 y 313 de la CPE).

No obstante que la CPE asigna al Estado el papel de “dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación” y la obligación de administrar los recursos naturales, y le permite participar en “ toda la cadena productiva de los sectores estratégicos”, estipula la “igualdad jurídica ante la ley” de todas las formas referidas y enfatiza “el respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica”, así como la garantía a la “propiedad individual y colectiva sobre la tierra” (Véase artículo 311 de la CPE)

Finalmente, establece como prioridad de las políticas económicas, la industrialización de los recursos naturales, considerada la vía “para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza”.

Considerando el alcance de los propósitos y objetivos de la nueva Constitución Política del Estado, durante los próximos años el debate nacional en general y el de las organizaciones sociales en particular, estará fuertemente referido al tema de las perspectivas que la “aplicación” de la CPE tendría para la economía y la sociedad bolivianas.