El comportamiento de la economía nacional durante los últimos cuatro años ha sido el de un crecimiento mayor al registrado en la década pasada, con tasas de incremento del PIB por encima del 4%. Esta situación, que ha derivado en la presencia de superávit fiscal y superávit externo, el crecimiento sostenido de reservas internacionales y la existencia de un ahorro financiero considerable, ha sido posible, principalmente por la existencia de un contexto internacional extraordinariamente favorable y el incremento de ingresos fiscales, merced al cambio del régimen tributario en el sector de hidrocarburos sancionado por la Ley 3058 en el año 2005.

De esta manera, la combinación de excepcionales condiciones externas y la aplicación de políticas de signo restrictivo, han permitido que el país cuente con condiciones financieras relativamente holgadas para enfrentar los efectos de la crisis internacional, por lo que ha sido afectado en menor medida que otros de la región. Los principales impactos negativos se han presentado en la producción y exportaciones de los sectores extractivos y en la manufactura, con la consecuente pérdida de ingresos fiscales, de dinamismo de la economía de los departamentos productores y de empleos. La recuperación temprana de los precios internacionales del gas natural y de varios minerales ha comenzado a revertir esos efectos, lo que permitirá acabar el 2009 con una tasa de crecimiento del PIB de alrededor del 3%. En cambio el retroceso en las actividades manufactureras es persistente.

En este sentido, es necesario considerar  la orientación y el alcance de la aplicación de las políticas económicas, en el marco general de la aplicación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), para prever las perspectivas de la economía nacional y sus efectos sobre las condiciones de vida de la población.

Un primer elemento a tener en cuenta es que la restricción que la fijación de los precios internacionales de las materias primas en niveles inferiores a los vigentes en los últimos años será un factor crucial para los futuros planes gubernamentales en el ámbito económico. La duración y la magnitud de dicho efecto, obviamente, dependerán del ritmo y la dirección que adopte la recuperación de la economía internacional y, especialmente, la demanda de los bienes exportables constituidos mayoritariamente por materias primas.

Es probable que las condiciones externas estén marcadas por la agudización de la competencia entre los diferentes países, por atraer capitales de los países industrializados que buscan colocaciones rentables. Por ello, el gobierno, atendiendo a las urgencias derivadas de su alta dependencia de la renta fiscal y a la necesidad política de consolidar su poder mediante la obtención de resultados macro-económicos importantes, podría flexibilizar más el trato que brinda a los capitales transnacionales en áreas atractivas como la extracción de recursos naturales, principalmente hidrocarburos y minería.

Evidentemente, las mayores presiones para que el gobierno dirija su atención a los requerimientos del capital extranjero para arribar al país, es la necesidad que tiene por mostrar resultados concretos, principalmente en aquellas áreas en que su gestión ha sido hasta ahora más débil, como la industrialización y la generación de empleo. Esos objetivos harán de justificativos para otorgar mayores ventajas al capital monopólico. Por ello, es importante observar cómo evoluciona su relación con los gobiernos de países como China, Rusia, Brasil y otros que desarrollan importantes acciones de carácter geopolítico.

La sostenibilidad fiscal emergente de las limitaciones que podrían enfrentar las políticas de redistribución aplicadas y las nuevas exigencias de la descentralización (autonomías indígenas), será un tema especial de atención. Por ello, no se puede descartar que el gobierno avance en la aplicación de medidas destinadas a asegurar el superávit –o, por lo menos, un déficit manejable– a través del recorte y congelamiento de ciertos gastos, principalmente aquellos gastos corrientes como salarios públicos y rentas, subvenciones a entidades estatales y subsidios a algunos productos.

Asimismo, podría optar por reformas destinadas a la obtención de ingresos adicionales, como una modificación del régimen tributario, que podría incluir impuestos directos a los ingresos y a la propiedad. En el mismo orden, debe señalarse la decisión anunciada de recurrir al incremento de la deuda pública mediante la solicitud de un préstamo al Banco Mundial  por 10.000 millones de dólares para atender programas de inversión pública en sectores productivos.

La necesidad de impulsar la competitividad de los sectores exportadores, en un ambiente de pugna por mercados, ha aumentado la demanda empresarial de retornar a una política cambiaria más flexible, lo que supone volver a la depreciación más acelerada de la moneda nacional. Esa demanda podría ser atendida en la búsqueda de mayor estabilidad política (apoyando a sectores empresariales del sector exportador), apoyándose, además, en las condiciones que para ese tipo de política brinda la existencia de una inflación baja. En el mismo sentido, la política monetaria podría profundizar la orientación, asumida en los últimos meses, hacia el aumento de la liquidez vía amortización de la deuda pública, principalmente.

En el caso del empleo, probablemente los cambios sean menores que los que se espera como efecto de la aplicación de elevados montos de inversión pública, pues estará dirigida principalmente a sectores intensivos en capital y con baja demanda de fuerza de trabajo. Por lo mismo, se podría esperar que el comportamiento del empleo dependa del clima general de los negocios privados, especialmente de la actividad de las micro y pequeñas empresas apoyadas financieramente por el Estado y de aquellas empresas que aprovechen las condiciones de elevada liquidez del sistema financiero.

En el campo político, la variable principal a tomar en consideración es el afianzamiento del MAS como principal partido de un sistema político en crisis. Dicho afianzamiento podría traducirse en una capacidad incrementada para controlar el aparato estatal en todos sus ámbitos, lo que permitiría acelerar y enfrentar cambios que están planteados en la NCPE y que fueron prometidos a los sectores sociales que forman su base electoral. Se puede prever, entonces, reformas a la organización del Estado, al sistema de representación y participación de los movimientos sociales, así como reformas a la legislación de los principales sectores económicos.

En general, es probable percibir una  orientación más conservadora del gobierno, en el sentido de un mayor y más acelerado acercamiento a sectores empresariales y a grupos de poder regional. Esto debido a que requiere afianzar la restauración del Estado como representante general y porque necesita mostrar resultados reales a los electores, pasada la primera fase de posicionamiento del discurso populista, los mismos que estarán condicionados por las tendencias generales de la economía mundial (que no será de precios tan elevados ni de alta demanda como el 2007 y parte del 2008, al menos en los próximos 2 años),  y por las debilidades demostradas en este período, puesto que los resultados positivos en la economía fueron alcanzados principalmente gracias al contexto internacional de precios excepcionalmente altos de las materias primas.

Un elemento a destacar, que proviene de la orientación de algunas propuestas hechas por el oficialismo aún antes del proceso electoral, es la probable profundización de algunas medidas dirigidas a mantener determinadas políticas contrarias a los trabajadores y, en particular a los obreros. Una muestra clara de esto, son la propuesta de reforma de la seguridad social y la promulgación de una serie de decretos que han ido en la  dirección de legalizar ciertas prácticas empresariales de flexibilidad laboral. Por ello, el proceso de modificación de la Ley General del Trabajo anunciada por el gobierno hace pocos días cobrará especial relevancia.

En el marco de la aplicación de la CPE se elaborarán también leyes vinculadas a la reforma estatal, como son la Ley Marco de Autonomías y sus leyes complementarias. Hasta la fecha todavía no se han identificado acuerdos con las organizaciones indígenas, que ven en los borradores de la mencionada ley, muchas limitaciones para avanzar en los procesos de autogobierno, además de su desconexión con los procesos de formulación de leyes para la gestión de recursos naturales, como son la ley de hidrocarburos y la ley forestal.  El debate sobre todas estas leyes  y las demás marcará los alcances y límites de una gestión de gobierno que con seguridad contará con el control de la nueva Asamblea Plurinacional.