2. Fortalecer el debate con las organizaciones sindicales con información y análisis sobre el empleo y los derechos laborales.

Estrategia institucional

A lo largo del último cuarto de siglo, como resultado de la aplicación del modelo neoliberal, pero cada vez con más fuerza en la década de los 2000, se ha verificado la desaceleración del ritmo de crecimiento de la demanda de trabajo, lo cual en el marco de una política sistemática de contención salarial en los sectores público y privado y, de estrechez del mercado interno, limitó las posibilidades de aumento de la ocupación por cuenta propia y se tradujo en un incremento de la desocupación hasta alcanzar los dos dígitos de manera persistente.

Simultáneamente, tuvo lugar un profundo retroceso y diferenciación de las condiciones de inserción laboral de la población ocupada: inestabilidad laboral, subempleo por déficit y exceso de horas trabajadas, bajos niveles salariales y subempleo por ingreso/horario, desprotección social. El indicador que resume la situación actual es la precariedad laboral que, en 2009 afecta a más del 80% de los trabajadores urbanos, al 65% en el sector Estatal, al 83% en el sector empresarial y al 86% en el sector informal (asalariados y cuenta propias). Como consecuencia de lo anterior, se multiplicaron los fenómenos de indigencia, pobreza e inequidad.

En este escenario, el poder de negociación de los trabajadores fue otro de los factores más afectados por la continuidad –en la práctica– de la flexibilidad del mercado de trabajo de facto y la mayor fragmentación de la población ocupada entre un núcleo reducido, estable, mejor remunerado y socialmente protegido y otro amplio, eventual y subcontratado, en un marco de creciente segregación ocupacional y discriminación de trato por factores asociados con las concepciones de género en el trabajo.

A los factores señalados se suma la presión que la masa creciente de desempleados ejerce sobre el mercado de trabajo haciendo más vulnerable la posición negociadora de sus organizaciones, debilitando su posición y posibilidades de acción colectiva. De esta manera, la clase trabajadora no tuvo la capacidad para reivindicar cuestiones fundamentales vinculadas con sus condiciones de trabajo y el nivel de sus salarios.

Con el objetivo de comprender estas problemáticas y poder brindar argumentos a las organizaciones de trabajadores/as para la defensa de sus derechos, en materia de generación de conocimiento, se continuará con los estudios que vinculan los cambios en los mercados de trabajo y en la calidad del empleo con la desigualdad social y la pobreza. Asimismo, el análisis de las reformas a la legislación laboral y del estado de la sindicalización en sectores seleccionados, así como el seguimiento anual a la situación general de los derechos laborales, permitirán conocer las condiciones generadas en el país para el pleno ejercicio de los derechos laborales.

Un buen instrumento en materia de condiciones y derechos laborales y, en general de empleo, son los observatorios –nacionales y regionales– basados en indicadores que permiten evaluar de forma permanente y sistemática los estados de situación. En esta dirección, se buscará consolidar los sistemas de seguimiento propios basados en la generación de información primaria y fuentes secundarias y su vinculación con redes regionales para contribuir a la construcción de una visión regional en América Latina sobre el tema en el contexto de la crisis. En la perspectiva de género, se buscará realizar, a través de estos indicadores, un análisis diferenciado de los impactos sobre las mujeres.

Sobre la base de lo anterior, se consolidará al Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social (OBESS), estableciendo un servicio regular de información, análisis y debate que alimentará la Plataforma por el Derecho al Trabajo como espacio regular de debate con organizaciones laborales e instituciones sociales. Durante el próximo trienio se establecerán bases para articular estos servicios en las regiones del país, contando con información oportuna y pertinente para las principales ciudades y articulando al debate a las organizaciones laborales matrices y de base a nivel regional y nacional, con las que existan condiciones para hacerlo.

La producción de boletines especialmente dirigidos a las organizaciones laborales (Alerta laboral), así como de un informe anual sobre el estado de situación de los derechos laborales permitirán a las organizaciones contar con insumos adecuados para poder encarar procesos de exigibilidad de sus derechos a través de acciones que definan de manera autónoma, ya que estos instrumentos estarán orientados a generar debate al interior de las mismas como base de su propio fortalecimiento.

Asimismo, se desarrollarán campañas de comunicación pública a través de diferentes medios en torno a los informes anuales sobre el estado de situación de los derechos laborales, lo que permitirá agendar el tema en el debate público a nivel nacional y regional, a través de medios y productos como separatas informativas, reportajes y vídeo documentales, con un potencial sensibilizador que acerque la temática a la opinión pública en general.

La estrategia institucional de debate buscará generar espacios en torno a la Plataforma por el Derecho al Trabajo, que permita articular acciones de información y reflexión con instituciones públicas y privadas, universidades y medios de comunicación acerca de la pertinencia de incorporar los objetivos de empleo y de protección de los derechos laborales en las políticas públicas macroeconómicas y sectoriales.