5. Agendar en el espacio público y en plataformas regionales el debate sobre la situación y las perspectivas de la explotación de los recursos naturales no renovables, energía y su vinculación con la crisis económica mundial.

Estrategia institucional

El patrón de acumulación primario-exportador vigente en el país, fue profundizado por la aplicación de las políticas neoliberales vigentes en la últimas dos décadas en el país y su superación ha sido el centro de la atención de la formulación de las reformas impulsadas desde el año 2006. En la actualidad, tanto la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), han hecho explícito su propósito de orientar las políticas públicas hacia la construcción de un nuevo tipo de estructura económica heterogénea, la denominada “economía plural”, basada en la armonización de intereses y objetivos de los diferentes modos de producción y de las diferentes clases sociales, detrás de objetivos comunes de bienestar y soberanía.

No obstante, los resultados de la aplicación de las políticas del actual gobierno en el ámbito de los recursos naturales no renovables y la energía, demuestran que su orientación no es sustancialmente distinta de las políticas implementadas por anteriores gobiernos. La priorización del objetivo de incrementar los ingresos fiscales, dependiente, en gran medida, de la inversión extranjera en actividades productivas de las industrias minera, hidrocarburífera y de generación eléctrica, ha derivado en la consolidación de la orientación primario exportadora de dichas políticas.

Como resultado de lo anterior, el incremento de la producción de hidrocarburos, imprescindible para la provisión de combustibles al mercado interno y para cumplir con los compromisos de exportación, se ha visto limitado y ha revelado estar sometido a la voluntad de las empresas operadoras extranjeras y a sus expectativas de obtención de mayores ganancias.

La “nacionalización” de los hidrocarburos, llevada a cabo bajo la forma de compra de acciones de empresas “capitalizadas”, no ha mejorado la presencia del Estado en las actividades productivas, pues no ha logrado tener el control de toda la cadena productiva, y menos aún –como preveía la promesa gubernamental– en los procesos de industrialización y de cambio de la matriz energética, que potenciarían la utilización de energía y de insumos industriales en el mercado interno.

En el caso de la minería, persiste la aplicación de una política extractivista tradicional, cuyo objetivo central es también la obtención de una mayor renta estatal a través de la monetización acelerada de reservas mineras y que está caracterizada por la presencia dominante de grandes empresas transnacionales y el papel subordinado del Estado en las principales fases de la cadena minera.

Las reformas al código de minería, limitadas al régimen tributario y a la obligatoriedad de modificar todos los contratos mineros a la forma de contratos de riesgo compartido, han sido insuficientes para reponer el rol dirigente del Estado en esta actividad productiva. Así, las transnacionales mineras han logrado que las concesiones mineras sean respetadas (CPE, Art. 123) por la nueva Constitución Política del Estado y que la migración de concesiones a contratos sea con reconocimiento de derechos adquiridos y que los proyectos mineros privados sigan a cargo de la explotación y exportación de materia prima. Los nuevos proyectos mineros, como el Mutún, Corocoro e inclusive la explotación del litio del salar de Uyuni, se encuadrarán en esta estrategia gubernamental.

Por ello, considerando las nuevas disposiciones constitucionales, los resultados prácticos de la gestión gubernamental y la debilidad financiera, legal y operativa de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), se puede afirmar que no existe la intención de robustecer la empresa estatal, ni nacionalizar ningún proyecto minero en operación. En este sentido, la nacionalización de la Empresa Minera de Huanuni y la Empresa Minera de Vinto, realizada por presión de los trabajadores mineros, es un caso excepcional, que no modifica el rol subordinado de la presencia estatal en el sector minero.

En el caso de los otros sectores de producción energética, la ausencia de una política integral que supere la concepción dominante que considera la generación de energía, junto a las industrias extractivas, únicamente en su papel de fuente de recursos fiscales, ha derivado en la subsistencia de múltiples problemas para aumentar la capacidad de generación energética y mejorar su uso para fines industriales y domésticos. En el caso particular de la industria eléctrica, por ejemplo, esta situación ha derivado en el riesgo de un inminente déficit de oferta que podría perjudicar la marcha del aparato productivo nacional.

A estas circunstancias prevalecientes en el contexto interno, se suma la probable presión proveniente del mercado mundial sobre la explotación de recursos naturales y energía, debido a la búsqueda de mayor rentabilidad por parte de los capitales que no encuentran prospectos atractivos en otras esferas de la economía internacional, que derivará en la agudización de la competencia de las empresas transnacionales por acceder a las reservas de recursos naturales no renovables y fuentes energéticas de los países atrasados. Esta tendencia, enfatizada por los propios organismos multilaterales como la dominante en los próximos años en nuestra región, contribuiría, en ausencia de una estrategia de desarrollo independizada de la hegemonía de los monopolios capitalistas, a consolidar la posición del país como proveedor de materias primas y energía para las economías desarrolladas y los mercados de países vecinos.

Por todas estas consideraciones, el plan institucional, a través del presente objetivo, pretende generar conocimiento, análisis e información sobre el comportamiento de las industrias extractivas, especialmente de los sectores de hidrocarburos y minería, y sobre la orientación y alcance de la política energética nacional. Asimismo, se buscará aportar a temas globales –crisis energética, cambio climático– a través de investigaciones relevantes.

En materia de debate y divulgación de información y análisis, el CEDLA articulará dos esfuerzos ya encaminados durante el anterior trienio: la Plataforma sobre Política Energética y el Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas (OBIE).

En el ámbito de la plataforma, se buscará contribuir al debate sobre una política energética para el desarrollo de carácter integral, de largo plazo y dirigida a orientar la explotación de recursos naturales al ámbito de la transformación de la matriz energética (sostenibilidad y eficiencia energética), la modificación del patrón de desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de la población. Un objetivo complementario es articular esta iniciativa con otras que promueven el debate regional sobre industrias extractivas y energía para el desarrollo.

El OBIE contribuirá con el seguimiento de la información económica sectorial, el marco legal y el seguimiento de los conflictos sociales generados por las actividades extractivas, introduciendo innovaciones a través de la georeferenciación de la información sobre concesiones mineras, campos de explotación de hidrocarburos, territorios o autonomías indígenas, entre otros. Este monitoreo y generación de análisis específicos permitirá visualizar algunos impactos de las políticas en el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, indígenas y campesinos reconocidos por la actual CPE.

A través de boletines periódicos y la generación de reportes de análisis, se buscará incidir en el debate público sobre estas temáticas en un contexto de crisis estructural a nivel global. Asimismo, la producción de este tipo de material, se buscará participar en redes internacionales de incidencia, liderando tanto los espacios de debate como las iniciativas de generación de conocimiento e información sobre estos temas.