La desordenada marcha de la descentralización en el país, pone en riesgo el destino y el uso de los recursos obtenidos de los hidrocarburos, en cuanto a impuestos y regalías se refiere. Así se generan desequilibrios entre el Gobierno central, las prefecturas y los municipios que no contribuyen a una gestión financiera que se aboque a planificar planes y proyectos de desarrollo que impacten sobre la pobreza.