EL PLAN MESA NO REDUCIRÁ LA DESOCUPACIÓN EN EL PAÍS

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Frente a la alarmante tasa de desocupación en el país, el gobierno de Carlos Mesa ha prometido crear nuevas fuentes de trabajo en cuatro áreas: conexión de gas domiciliario, transformación de vehículos, construcción de viviendas y el PLANE (Plan Nacional de Empleo de Emergencia). Sin embargo, a partir de una evaluación sobre los impactos de estas medidas, el Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) sostiene que “esa política de empleo transitorio no reducirá el desempleo en Bolivia porque su impacto será mínimo”.

En otras palabras, el Estado ha retomado el modelo de las “políticas compensatorias para los más pobres”, aplicado por anteriores gobiernos. Eso significa que el tipo de empleo que se pretende crear —a corto plazo— es aquel de emergencia, eventual, sin protección social, sin derechos y con bajos salarios. Esta medida se enmarca —según un análisis del CEDLA— “en una fórmula fracasada de desarrollo que supone la existencia de una cadena virtuosa que arrastra reactivación económica, fomento de las exportaciones y generación de empleo productivo”.

Hasta diciembre del 2003, el desempleo abierto en Bolivia llegó a afectar a 350 mil personas en el país y de acuerdo a estimaciones del CEDLA, este año podrían sumarse a esta cifra parte de las 100 mil personas en edad de trabajar.

La década del 90 cerró con un desempleo abierto del 7,2%. Entre los años 1994 y 1997 hubo una significativa mejora, bajando la tasa a 3,1%, sin embargo, la crisis de fines de la década volvió a elevar las tasas hasta un 8,7%. Para el 2002, el desempleo abierto fue cercano al 9%, el nivel más alto conocido hasta hoy en el país, llegando al 13% a fines del año pasado.

Según el CEDLA, ese es el resultado de la estrategia económica seguida por Bolivia a partir de 1985, cuyos efectos en el empleo fueron de creciente aumento de la desocupación y de pérdida de calidad en las fuentes de trabajo. En ese marco, se analizan las ofertas del empleo del gobierno y sus posibles alcances en la población desempleada y sus niveles de vida.

PLANE, TRABAJO TRANSITORIO PARA OBREROS Y OBRERAS

El gobierno de Carlos Mesa creó el fondo “Pro País” para administrar el programa heredado de la anterior gestión de gobierno: el Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE).

En sus dos versiones anteriores, esta medida sólo llegó a ocupar mensualmente a 30 mil obreros en puestos eventuales. Los salarios pagados a los obreros llegaron a 480bs., que no alcanzaban ni alcanzan para cubrir los gastos de una canasta familiar. Con esos salarios ni se ayudó a los pobres ni se reactivó el mercado interno dinamizando el consumo, tal como se pretendía.

Se puede llegar a esta constatación porque si el salario promedio de un obrero llega a 785bs., los salarios del PLANE estuvieron muy por debajo de lo fijado en el mercado laboral.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Cualquier plan de gobierno busca en la construcción (vivienda y caminos) un lugar seguro de generación de empleo. Este gobierno pretende aplicar la misma fórmula ofreciendo créditos para la adquisición de viviendas.

Para ello, se señala que se utilizarán fondos de aporte patronal y se creará el Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda (PNSV) que subsidiará la cuota inicial de una vivienda, así como aportará el 50% del seguro de crédito en préstamos por debajo de los 15 mil dólares.

En un país como Bolivia, donde la mitad (50%) de la población no cuenta con vivienda propia, podría parecer una medida positiva, sin embargo, varios motivos hacen desconfiar de sus alcances.

El respectivo Decreto Supremo 27333 hace un claro perfil del beneficiario de las viviendas que difícilmente va a ser alcanzado por los trabajadores.

Se pide que el empleado pertenezca a una empresa aportante al PNSV o que el trabajador por cuenta propia, sea aportante a las AFPs. Su ingreso debe ser superior a 800bs. para que la deuda de crédito sea menor a 30% del ingreso familiar.

El empleador debe aceptar ser copartícipe en el financiamiento de la cuota inicial adelantando al empleado un monto de dos a cinco salarios mensuales.

Este perfil del nuevo propietario de la vivienda corresponde a menos del 20% de los trabajadores bolivianos, con lo cual el número de posibles beneficiarios será muy reducido.

Por el lado del financiamiento, el gobierno pretende usar las deudas del Tesoro General de la Nación (TGN) por concepto de los aportes del 2% patronal (provenientes del Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda). Sin embargo, la virtual quiebra del TGN podría impedir el desembolso de los montos de la deuda.

A eso se suma que la Cámara de Construcción informó que en este momento existe una sobre oferta de viviendas, por tanto, la construcción de nuevas obras no representa una decisión inmediata ni atractiva para las empresas.

Aún así, si la banca llegara a atender como mínimo 15 mil subsidios en este año y de eso el 50% significa la construcción de viviendas nuevas, se podrían generar 10 mil nuevos empleos que no impactarían sobre el desempleo abierto.

TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS

Otra medida anunciada por Carlos Mesa para generar empleo, es la transformación de vehículos —los volantes deben ser movidos a la izquierda— en zonas francas ubicadas principalmente en las fronteras pobres del país.

Pese a la gran expectativa, no se espera gran alcance de esta medida porque se necesitarán sólo 350 trabajadores para que realicen todo el proceso de transformación de 20 mil vehículos que podrían llegar a las zonas francas en un año.

Algo similar ocurre con la otra propuesta de transformar vehículos para que consuman gas en lugar de gasolina. La falta de credibilidad en esta medida se basa en que existen apenas 15 mil vehículos convertidos al gas, que se lograron en largos 10 años. Estos 15 mil vehículos representan apenas el 2,7% de todos los vehículos del país, lo que indica que no será fácil masificar la transformación ni tampoco generar empleo a corto plazo.

CONEXIÓN DE GAS DOMICILIARIO, ¿CON CUÁNTA MANO DE OBRA? El gobierno pretende instalar 319 mil conexiones de gas domiciliario en 10 años. Para generar empleo, plantea la licitación internacional del negocio. Eso quiere decir que empresas extranjeras y nacionales pueden adjudicarse la concesión del servicio de distribución de gas natural por redes.

Los requisitos de la licitación son tan exigentes que es casi seguro que sólo las empresas extranjeras podrán participar, en menor medida lo harán las nacionales y las microempresas podrán ser parte del negocio sólo si son subcontratadas.

Con todo, los cálculos muestran que para 32 mil instalaciones domiciliarias se necesitan alrededor de 300 trabajadores por un año, lo cual es ínfimo en relación al desempleo.

BOLIVIA ENFRENTA EL DESEMPLEO ESTRUCTURAL HACE 10 AÑOS Según una investigación del CEDLA, el desempleo está concentrado en el tramo de 15 a 29 años, entre hombres y mujeres. En los últimos 10 años, esa caracterización de la población desocupada se amplió al hecho de que a la mayor presencia de jóvenes, se asocian niveles educativos más altos. El nivel de los cesantes y aspirantes se ha elevado notablemente, lo que devela un problema de desempleo estructural en el país con escasa oferta de puestos de trabajo calificado.

En el mismo trabajo, el CEDLA advierte que entre 1992 y el 2001, el 63% de los nuevos empleos fueron generados en el llamado sector informal. “De estos empleos, el sector familiar, conformado por trabajadores por cuenta propia y familiares sin remuneración, concentró el 55% de empleos, mientras que un reducido número de 8% fue absorvido por las pequeñas unidades económicas”. En este contexto, el aporte del sector empresarial fue de sólo 32 de cada 100 empleos (26% en el privado y 6% en el estatal).

Esta composición de los nuevos puestos de trabajo ha llevado a consolidar un perfil ocupacional que redunda en un creciente deterioro de las condiciones laborales para la mayor parte de la población ocupada: 60% de las fuentes de trabajo en el sector informal presentan ese deterioro.

A eso se suma que el efecto de las políticas de estabilización y la apertura comercial sobre las principales actividades productivas urbanas redundó en la conformación de un perfil ocupacional más terciario —54% del empleo total— con un mayor peso del comercio, en el que el empleo se duplicó en cifras absolutas.

Estos elementos en el mercado de trabajo han estado cruzados por el proceso de flexibilización laboral adoptado en los años 90 tanto por los empresarios privados como por el Estado. El CEDLA destaca que esta práctica cambió la dinámica de las relaciones laborales generando la baja de calidad en el empleo.

“La relación asalariada estable y sujeta a prestaciones sociales perdió terreno frente a otras formas de empleo flexible y desregulado; aumentó el trabajo eventual, los contratos por tiempo determinado, por obra o a destajo; aumentaron las jornadas de trabajo sin una remuneración correspondiente a un mayor esfuerzo laboral; y disminuyó la cobertura de las prestaciones sociales establecidas por ley”.

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