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Red Unitas • Vías Bolivia contrata "consultores individuales"

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Siendo el Estado el responsable de velar por los derechos laborales de los trabajadores, como ya es de conocimiento público son las empresas estatales las primeras en vulnerarlos.

Evitando el pago de beneficios sociales
Vías Bolivia contrata “consultores individuales”

A lo largo de las rutas que recorren el país existen aproximadamente 600 recaudadores en 128 retenes de peaje, quienes fueron contratados por Vías Bolivia(1), una entidad descentralizada bajo la tuición de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Lo que llama la atención es que, en esta empresa, los recaudadores no sean sujetos de derechos laborales al ser contratados como consultores.

Según los reportes de esta empresa, a mayo de 2009, las recaudaciones logradas superaron los Bs 21 millones, generando recursos significativos para el Estado. Lo que no dicen estos informes, es que detrás de dichos logros se encuentran estos recaudadores que trabajan en los nueve departamentos del país, en condiciones precarias y de sobreexplotación laboral.

La finalidad de los administradores de esta entidad es, sin duda, liberarse del pago de beneficios sociales y del reconocimiento de derechos laborales. En otras palabras, contratar a un consultor resulta más barato que contratar a un trabajador bajo las normas laborales vigentes. La contradicción radica en que, siendo que en la práctica estos trabajadores se desempeñan bajo típicas relaciones laborales, como la dependencia, la subordinación y la remuneración, sean considerados consultores o prestadores de servicios.

¿CONSULTORES O TRABAJADORES DEPENDIENTES?
En los contratos se reconoce explícitamente a un recaudador como consultor, los mismos que están suscritos bajo la modalidad de “contratos administrativos” amparados en normas de contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultorías vigentes en la Ley SAFCO.

Se trata de contratos a plazo fijo que pueden ser ampliados o rescindidos. Sin embargo, las obligaciones mencionadas en los mismos son similares a las especificadas en un contrato de tipo laboral, como el pago de una remuneración mensual (monto global dividido entre la cantidad de meses de contrato) y la dedicación exclusiva al trabajo asignado, cuando se sabe que un consultor, como tal, no tiene este grado de subordinación con la persona natural o jurídica que lo contrate.

En los contratos se estipula que los consultores deben presentar facturas por la remuneración mensual recibida (Bs 1.700), obligándolos a llenar el formulario 610 que corresponde a los consultores del sector público. Estos elementos ocultan que los llamados consultores se desenvuelven principalmente como trabajadores dependientes, sometidos a un régimen de sobreexplotación laboral.
PRECARIEDAD LABORAL EN LAS RUTAS DE BOLIVIA
Si bien los recaudadores cumplen jornadas laborales de 8 horas diarias, están impedidos, directa o indirectamente de dejar la caseta por un lapso de 24 horas, durante los 20 días que dura el “destino asignado” en una región determinada del país. La remuneración mensual de cada trabajador es de Bs 1.700 según se establece en el contrato, monto que incluye los gastos de transporte, alimentación, alojamiento y otros adicionales que implica el traslado de un lugar a otro. Lo que queda es un monto inferior al salario mínimo nacional (Bs 647) que no alcanza para cubrir las necesidades del trabajador y su familia.

A pesar de que se han registrado accidentes en los puntos de trabajo, la entidad no ofrece un seguro de vida y protección contra accidentes; menos un seguro médico y ropa de trabajo adecuada.
La empresa impone a los trabajadores el cumplimiento de una meta económica, consistente en la recaudación de un monto determinado, según la ubicación geográfica de los puestos de cobro de peaje. Por ejemplo, en la caseta ubicada en la autopista La Paz - El Alto, por el tiempo de ocho horas diarias la suma de Bs 3.000. Estas metas generan presiones e imposiciones que se traducen en un incremento del nivel de explotación de los recaudadores.

PEOR QUE EN TIEMPOS DE PRIVATIZACIÓN
Cuando las empresas privadas Stoll S.A. y Cono Sur se hacían cargo de este trabajo, los recaudadores estaban protegidos por la Ley General del Trabajo. Si bien percibían un salario menor (Bs 800), contaban con seguro médico, aportaban al sistema de pensiones y accedían a un pago de indemnización por muerte entre otras cosas. Hoy, con Vías Bolivia, el Estado bajo la actual administración gubernamental reproduce y legitima formas de contrato que atentan contra el derecho al trabajo, debido a que mantiene el Estatuto del Funcionario Público y otras disposiciones adicionales que permiten la violación de derechos laborales en el país.
NOTA
1. Entidad estatal creada el 2006 en el marco de las políticas de nacionalización del gobierno de Evo Morales.

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