Medio centenar de instituciones nacionales cuestionaron la posibilidad de que en Bolivia se flexibilicen las normas ambientales para facilitar en lo inmediato la explotación de los recursos naturales no renovables.

Las instituciones observadoras hicieron conocer la necesidad de recalcar una vez más la dimensión ambiental, así como la social, no son un obstáculo para el desarrollo; sino la garantía para su sostenibilidad, así como para asegurar el vivir bien de los bolivianos.

Asimismo, convocaron a la ciudadanía en general a superar el falso dilema entre desarrollo y la protección ambiental.

El comunicado institucional fue envidado a la Plataforma de Política Energética, entidad creada con la coordinación de El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

El comunicado señala que “ante recientes declaraciones de autoridades del sector hidrocarburífero, en sentido de que en Bolivia existen cinco amenazas de carácter ambiental que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional, y que ‘reglamentarán la consulta para demostrar que los pueblos indígenas no tienen derecho al veto’, las instituciones y organizaciones firmantes señalamos que este intento de flexibilizar los recaudos socio-ambientales contradice la voluntad expresa de los bolivianos y bolivianas de proteger el patrimonio natural y cultural del Estado Plurinacional”.

El artículo 299, párrafo II de la nueva Constitución Política del Estado señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, entre las que se encuentran las autonomías indígenas originario campesinas, ejercerán la función de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

Asimismo, en el artículo 312, se señala que todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el medio ambiente.

“Se pretende vulnerar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 30, parágrafo II, incisos 15, 16 y 17 de la CPE, garantiza su derecho a la consulta previa obligatoria respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan, así como a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes en su territorio”, señala el comunicado.

Instituciones firmantes

Según Plataforma de Política Energética, las 58 instituciones y organizaciones que suscribieron el pronunciamiento fueron ACT, Amupei, APT, ASE, Cades, Caritas Oruro, Cecasem, CDS Molle, Cedefoa, Ceedi, Cejis, Cenda, Cepa, Cer Det, Cetha Emborozú y Cetha Socamani.

Asimismo, Ciac, Ciat, Ciddebeni, Cidem, CIEC, Cimar, Cinep, Cistem, Cstutcb, Fadeco, Fides, Fundación Aclo, Fundación Lampi, Fundare, Herencia, Idiaa, IE UMSA, Iicca, Inbometraka, IPTK, IYA, JCI ELP, Lidema, MAN B El Alto, Mhnnkm, Nicobis, Pacc, Pasos, Proagro, Prodema, Prodena, Prometa, Qhana, Red Nava, Savia, Semta, Sobe, Sobe Guayaramerín, Sope, Teapro y Trópico Vive.

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