Cincuenta y ocho instituciones nacionales cuestionaron la posibilidad de que en Bolivia se flexibilicen las normas ambientales para facilitar en lo inmediato la explotación de los recursos naturales no renovables, informa Los Tiempos.

Las entidades hicieron conocer la necesidad de recalcar la dimensión ambiental en el territorio nacional, así como la social, lo cual no implica un obstáculo para el desarrollo, sino la garantía para su sostenibilidad, así como para asegurar el vivir bien de los bolivianos. El comunicado fue enviado a la Plataforma de Política Energética, entidad creada con la coordinación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

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