3. Profundizar el debate con instituciones del sector forestal y organizaciones sociales sobre la viabilidad de la economía comunitaria forestal en el marco de una economía de mercado.

Estrategia institucional

Durante los últimos quince años las políticas neoliberales han provocado cambios en la estructuración del sector forestal. Con anterioridad a la Ley Forestal de 1996, los derechos de aprovechamiento de productos forestales estaban reservados fundamentalmente a empresas forestales que accedían a extensas áreas de bosque a través de un sistema de contratos de aprovechamiento.

Estos derechos tenían preferencia sobre áreas ocupadas por propietarios individuales o derechos consuetudinarios de poblaciones campesinas o indígenas. En este sentido, los pueblos indígenas y campesinos y las poblaciones locales no tenían derechos formales reconocidos de acceso al bosque. Si bien la intencionalidad de las reformas neoliberales apuntaba a privatizar la propiedad de los bosques a través de la otorgación a perpetuidad de las concesiones forestales, presiones de diferentes sectores sociales concluyeron con la promulgación de la Ley Forestal de 1996, que reconoce derechos de acceso y manejo de recursos forestales a una amplia gama de sectores sociales condicionados a prácticas de manejo sostenible.

En este sentido, la nueva “sociedad forestal” extractiva está constituida por: i) empresas forestales concesionarias; ii) asociaciones sociales del lugar (ASL); iii) organizaciones forestales comunitarias (OFC); iv) comunidades campesinas; y v) pequeñas, medianas y grandes propiedades privadas.

Si bien la Ley Forestal reconoce derechos a varios sectores sociales, su orientación central pretende beneficiar a los grandes sectores empresariales articulados fundamentalmente a la exportación de los recursos del bosque. En el caso de la explotación forestal maderera ha privilegiado la conversión de contratos forestales a concesiones forestales de mediana y gran escala en manos de unas pocas empresas madereras con más capital. Asimismo, las normas diseñadas responden a un enfoque de aprovechamiento maderero de gran escala, con tecnologías y prácticas de manejo que difícilmente están al alcance de las comunidades. Los altos costos de entrada para que éstos últimos puedan hacer manejo forestal han impuesto en la práctica barreras de entrada para el aprovechamiento forestal “independiente” por parte de las comunidades.

Las interacciones de los pueblos indígenas con los mercados y los altos costos del manejo forestal, están llevando a las comunidades indígenas o campesinas a suscribir contratos subsidiarios con madereros y empresas forestales que, en los hechos, implican procesos de subordinación de las comunidades indígenas al capital, sea éste industrial o comercial. Estos procesos parecen ser ya una práctica cada vez más generalizada con efectos económicos y sociales contrarios a los postulados de las políticas gubernamentales que plantean el fortalecimiento de la propiedad comunal de la tierra y de las estructuras económicas y sociales comunitarias. Esta situación a futuro tenderá, posiblemente, a agravarse por un contexto mundial marcado por una mayor presión del capital industrial y comercial por la obtención de materias primas.

El planteamiento gubernamental sobre la problemática forestal no se orienta a cambiar la composición de la “sociedad forestal”, nacida al calor de las reformas neoliberales, en consonancia con el planteamiento del desarrollo de la “economía plural”. Más bien –y en consonancia con este postulado– sugiere avanzar hacia un uso y manejo integral de los bosques de carácter optativo, progresivo y reversible, señalando –como en el caso de otros sectores económicos– mejorar los beneficios provenientes de los bosques para los medios de vida y generación de excedentes con énfasis en los usuarios locales y las PYMES. Seguramente, la nueva Ley Forestal que pretende ser aprobada por el Gobierno en el futuro próximo, no se alejará de estos planteamientos por lo que coadyuvará a la agudización de la subordinación de las comunidades extractivistas forestales al capital comercial e industrial.

En general, tanto desde los planteamientos del gobierno como desde algunas corrientes de pensamiento adscritas al postmodernismo o postneoliberalismo, se sostiene que es posible el desarrollo de las “economías comunitarias” independientemente del curso que pueda tomar el desarrollo capitalista en una formación económica social dada, por lo que sería posible construir la denominada “economía plural”.

En este sentido, el CEDLA se propone aportar a este debate –nacional e internacional– que está relacionado a aquel sobre las “vías” del desarrollo económico y social, a partir del análisis de la relación entre actividades extractivas forestales realizadas en comunidades campesinas o indígenas y el capital comercial e industrial forestal, así como las transformaciones económicas y sociales que estas vinculaciones desencadenan en el plano de las relaciones sociales de producción.

Se priorizará la construcción de espacios directos de debate con instituciones y organizaciones del sector forestal para dar a conocer la información y el análisis sobre las implicaciones de las políticas en el sector forestal y sus impactos en comunidades campesinas e indígenas. Se buscará participar en espacios y/o plataformas existentes relacionadas con el sector y fortalecer su debate en torno a las posibilidades de estas “vías” de desarrollo en regiones priorizadas.

Se elaborarán boletines periódicos en el marco del Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas (OBIE) y se ofertarán servicios específicos para el sector (como la georeferencialización) que permitan visualizar de manera clara aspectos concretos como las concesiones forestales, las comunidades indígenas, las actividades productivas extractivas y sus impactos en la deforestación en regiones determinadas, entre otros aspectos, que combinados con el análisis desde la perspectiva de la economía política, permitirá a los actores profundizar los problemas ligados al sector.