Opinión, 23 de julio de 2012 Editorial LEGISLADORES. QUE LA NORMA LABORAL INCLUYA Y AMPARE A TODOS LOS TRABAJADORES ES UN PRINCIPIO INDISCUTIBLE. LOS LEGISLADORES EN LA ASAMBLEA DEBERÁN ANALIZAR CON MUCHO CUIDADO. Un proyecto de ley para la reincorporación plena de obreros y trabajadores manuales de diez municipios a la Ley General del Trabajo ha sido remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. De acuerdo a lo poco que se conoce, la ley obligaría a los municipios de las nueve capitales y El Alto a reincorporar a este grupo de trabajadores a la normativa laboral, estableciéndose como una justificación el crecimiento poblacional y su sostenibilidad económica, es decir, que tal beneficio sería cubierto por los municipios que tienen los recursos. Nadie puede oponerse a este paso ya que todos los trabajadores deben estar incluidos en la ley laboral, pero cuando se adopta la norma sólo para un sector, la exclusión se concreta casi de hecho, dejando en la expectativa a centenares de trabajadores ediles de los restantes 327 municipios. Nunca se debería perder el horizonte cuando se trata de beneficiar a través de normas legales en materia laboral y en general en ninguna otra, porque el principio es que las leyes tienen carácter universal y así como crean obligaciones también establecen derechos y beneficios. En la norma laboral existen algunos regímenes especiales de acuerdo a la especialidad o las características de la jornada de trabajo, pero no reconocen diferenciaciones en los mismos grupos laborales, es decir, que un régimen, por ejemplo, para las trabajadoras del hogar, no señala beneficio para unas, de la ciudad, y para otras del campo. Todas son iguales ante la norma. En el caso de los municipios puede ser comprensible las dificultades económicas de la mayoría de ellos, pero no se justifica que unos, los de las ciudades capitales se beneficien y los otros esperen, por tiempo indefinido. Otra separación que se da es a una parte de los trabajadores municipales, entre ellos los profesionales que fueron separados de la Ley General del Trabajo por efecto de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, lo que ha derivado que en la actualidad sólo el 20 por ciento de los obreros municipales está protegido por esa norma. En esta situación, que corresponde al pasado, también se observa la exclusión, por un lado de profesionales y por otro de empleados. Lo que se observa también es que cuando existen leyes, estatutos, resoluciones y otros instrumentos legales y administrativos dispersos, en lo general, tienden a sobreponerse unas a otras. Al margen de estas consideraciones, la futura norma que amparará a los obreros de 10 municipios ha generado casi de inmediato la reacción de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) que pidió ampliar del 25 por ciento al 30 por ciento el porcentaje destinado a cubrir los gastos para el funcionamiento de las alcaldías y de ese modo incluir a los trabajadores municipales a la Ley del Trabajo. Que la norma laboral incluya y ampare a todos los trabajadores es un principio general e indiscutible, aún más allá de la ahora ya confusa reglamentación colateral, pero evidentemente, esto demanda mayor presupuesto. Algo similar cuando los médicos y trabajadores de Salud piden ser incluidos en la Ley de Trabajo y así trabajar 8 horas al día. Cualquier nueva norma y, particularmente en materia laboral, debe ser analizada con mucho cuidado y detenimiento, que es lo que se espera de los legisladores en la Asamblea Nacional.