Correo del Sur, 31 de Julio de 2012 EDITORIAL Es de esperar que quienes tienen en sus manos la misión censal hagan los esfuerzos necesarios para dar al Censo la imprescindible confiabilidad A medida que transcurren los días y se acerca noviembre, el mes fijado, aunque todavía sin fecha, para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, las dudas sobre la eficiencia con que está siendo conducido el proceso que desembocará en tan importante recolección de datos no terminan de despejarse a pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades para transmitir señales tranquilizadoras pues éstas, lamentablemente, no suelen ser corroboradas por hechos concretos. En efecto, a las muchas razones que dan fundamento a la sensación de incertidumbre se suman hechos que, como los intempestivos cambios en la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) precisamente cuando se está ingresando a la etapa final, en nada contribuyen a generar la confianza indispensable para que un esfuerzo tan grande como el que demanda un censo dé los resultados esperados. En efecto, las renuncias producidas durante los últimos días no hacen más que acrecentar los temores acerca de la falta de independencia institucional, y más aún, si tales deserciones se producen teniendo como telón de fondo los principales cuestionamientos que hasta ahora se han hecho al proceso precensal. Entre ellas, se destaca la tenacidad con que se insiste en darle al levantamiento de datos un sesgo disgregador de la identidad nacional, disolviéndola en casi 60 parcialidades, y las falta de información confiable sobre la manera como están siendo ejecutadas las muchas tareas previas al levantamiento de datos de las que depende la calidad de la información recopilada. Sobre el primer aspecto del problema ya es mucho lo que se ha dicho y escrito sin que ninguna de las observaciones haya hecho mella en el ánimo de quienes por encima de cualquier otra consideración perseveran en su afán de clasificar a la población boliviana según criterios raciales, étnicos, o como quiera llamarse a los factores que sobrevaloran las diversidades en desmedro de una identidad común. El asunto, además de sus obvias implicaciones subjetivas, tiene temibles consecuencias prácticas. Las previsibles disputas por la definición de límites territoriales, por la distribución de recursos económicos, y por cuanto conflicto de intereses se presente ya no sólo entre vecinos, como ahora, sino entre miembros de diferentes entidades étnicas, como propone el Censo, son sólo algunas de las consecuencias indeseables. Que eso ocurra es alarmante, pues lo que normalmente se espera de un censo demográfico es que los datos recolectados proyecten una imagen confiable de la realidad nacional en un momento determinado. Si esos datos son precisos, servirán para orientar las políticas públicas; pero si no lo son, sólo causarán más confusión. Es de esperar que, pese a lo corto que es el tiempo que queda, quienes tienen en sus manos la misión censal hagan los esfuerzos necesarios para atender las sugerencias y rectificar las deficiencias que han sido señaladas. De otro modo, habrá que lamentar que en vez de ser una inversión útil, los 50 millones de dólares que se destinarán al Censo terminen siendo un inútil gasto.