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Gobierno acusa a médicos de financiar movilización de universitarios a La Paz

Página Siete, 17 de mayo de 2012 Conflicto. El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, reiteró que el Órgano Ejecutivo cumplió al promulgar otro decreto supremo para suspender el polémico 1126 sobre las ocho horas de trabajo. ANF / La Paz El Gobierno, a través del ministro de Salud Juan Carlos Calvimontes, acusó este jueves a la Comisión Nacional de Salud que agrupa a los profesionales en salud, de estar financiando la movilización de los estudiantes de medicina para protestas callejeras en La Paz. "Los médicos están detrás de las movilizaciones, y entre sus dirigentes hay ex connotados miembros del Partido Comunista de Bolivia (PCB), Movimiento de la Izquierda Revolucionaria-Nueva Mayoría (MIR-NM) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)", dijo Calvimontes a la red PAT. Un centenar de estudiantes de medicina de varias universidades públicas ya están en La Paz, ellos están hospedados en predios de la facultad de medicina de la UMSA. "Los universitarios fueron traídos para las marchas callejeras que cada vez son más violentas, la prueba está en lo que ocurrió el miércoles donde hubo varios policías heridos y trabajadores de los medios de comunicación social", agregó. El ministro Calvimontes reiteró que el Gobierno cumplió al promulgar otro decreto supremo para suspender el polémico 1126 sobre las ocho horas de trabajo. "El presente decreto supremo (1232) tiene por objeto suspender a inaplicar el decreto supremo 1126, del 24 de enero de 2012, en tanto se realice la Cumbre Nacional de la Revolución de Salud, en la que se analizará, discutirá y consensuará un nuevo sistema nacional de salud entre todos los actores", precisa el artículo primero del decreto promulgado el miércoles con el Gobierno. La Comisión Nacional de Salud que agrupa a los médicos rechazó ambos decretos y plantearon una consulta vinculante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el decreto supremo 1126 para verificar su legalidad. "Por un principio de soberanía primero se tiene que agotar la consulta jurídica en Bolivia", dijo el ministro Calvimontes.
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