Debate Social 5: Reforma de Pensiones, ni solidaria, ni sostenible

 

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Reforma de pensiones ni solidaria, ni sostenible

Debate Social Nº 5

La Paz - Bolivia 2008

La reforma de pensiones postulada por el Gobierno del MAS actualmente en proceso de aprobación en el Congreso; no se aleja de los principios que se basan en el financiamiento de la manutención de la fuerza de trabajo mediante la reducción del salario o de la renta. Una vez más, el CEDLA aporta al debate mediante su publicación Debate Social Nº 5 en el cual se incluye una serie de análisis sobre el fuerte y negativo impacto que generará en la clase trabajadora la aprobación de esta ley. En los análisis de la reforma al sistema de pensiones en Bolivia y en otros países, usualmente se dejó de lado la perspectiva política. La reforma del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1996), fue promovida e implementada con un alto contenido discursivo y tecnocrático que, como en todas las privatizaciones, aseguraba eficiencia, sostenibilidad, mayor rentabilidad y hasta mayor cobertura. Para su aprobación, se reprimió y desmovilizó a las organizaciones de trabajadores, se utilizó el mecanismo del rodillo parlamentario de los partidos neoliberales y, lo más importante, se la encubrió con la creación del Bonosol, para ganar legitimidad ante algunos sectores de la población, que pocas veces o nunca recibieron algún beneficio del Estado. Las críticas de fondo al nuevo sistema de pensiones, no pudieron crear una corriente de opinión pública que interpele su contenido. Cotidianamente los fondos de pensiones privados mostraban que el dinero de los aportantes se acumulaba en sus “intocables” cuentas individuales. Muy pocos hablaron de la baja cobertura, de los engorrosos trámites para acceder a una renta, de los altos costos fiscales para el pago a los jubilados del “anterior sistema”, de la falta de trasparencia en la conformación de directorios de las empresas capitalizadas y de las elevadas utilidades que se retienen por la administración de los aportes. Después de diez años, el Gobierno de Evo Morales propone la llamada contrareforma –que, lejos de modificar sustancialmente la ley de pensiones vigente de orientación neoliberal, continúa bajo la misma lógica privatizadora y asistencialista–, generando adeptos en sectores de la tercera edad, con la Renta Dignidad, la nueva versión del Bonosol. Otra vez se omite el debate sobre las dificultades para ampliar la cobertura del sistema de pensiones en Bolivia, soslayando una mirada profunda a las condiciones de la economía y a la necesidad de impulsar la aplicación de políticas dirigidas a transformar radicalmente la estructura productiva con impactos sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y una orientación más eficaz hacia la equidad social. La reforma de pensiones que pretende aprobar el Gobierno del MAS, no se aleja de los principios del Seguro Social Obligatorio (SSO) vigente, dirigidos a financiar la manutención de la fuerza de trabajo en su etapa pasiva, mediante la reducción del salario o de la renta, sin preocuparse en generar valor por la vía de alentar el trabajo productivo. En su diseño, el proyecto gubernamental de reforma del sistema de pensiones incluye la creación de un fondo especial o “solidario”, destinado a financiar la jubilación de los trabajadores independientes –sin relación salarial– sobre la base de la retención de una fracción del fondo de aportes de los trabajadores asalariados, el cobro de un impuesto a los ingresos personales altos, además de un aporte patronal especial sobre la planilla total. Este fondo, presentado como un principio de “solidaridad” del proyecto gubernamental, tiene el propósito de proteger a la fuerza de trabajo, ubicada en los sectores “no capitalistas”, a cuenta de los ma-gros ahorros de los propios trabajadores asalariados. La propuesta vuelve a enfrentar a sectores sociales empobrecidos: a los trabajadores formales que buscan mantener mínimamente sus derechos adquiridos y que esperan que esta reforma les asegure su jubilación, con los sectores sociales que no tienen relaciones obrero-patronales o estas no son visibles, quienes, por la forma de financiación (contribución individual del trabajador), no accedieron al sistema. Parece que el Gobierno apuesta a una reforma que estará soportada por un universo reducido de trabajadores asalariados que aportan regularmente, sin asegurar vías para la ampliación de la capacidad productiva y la generación de empleo de calidad en el país. En este sentido, constituye una apuesta de corto plazo, con mucho discurso de ampliación de la base de protección social, pero incierta, además de insostenible. El objetivo es contribuir al debate social iniciado sobre esta trascendental reforma, que a nuestro juicio, requiere de una mayor reflexión de los sectores sociales directamente involucrados y de la sociedad en general.

Contiene: Reforma de Pensiones: La política anti obrera del MAS, por Carlos Arze Vargas; Cambios y perspectivas del Sistema de Pensiones boliviano, por Ramiro E. Gamboa Rivera; Los trabajadores frente a la Reforma. Coloquio sobre Seguridad Social, por CEDLA; La Reforma de Pensiones desde la mirada de los trabajadores, por Carlos Arze Vargas; Glosario.

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